Evaluación de impacto en programas sociales territoriales

Más recursos, nuevas reglas de evaluación.

Los programas sociales ocupan una parte creciente del gasto público. En 2026, los 14 programas prioritarios del gobierno federal ejercen 974,510 millones de pesos, alrededor de 9.5% del presupuesto, y solo la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores concentra 526,508 millones. Para 2027, el Proyecto de Presupuesto de Egresos propone 1 billón 25,388.5 millones de pesos para los principales programas sociales, de los cuales 543,498.4 millones corresponderían a esa pensión.

Al mismo tiempo cambió quién evalúa. La reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024 y las reformas a las leyes secundarias vigentes desde el 17 de julio de 2025 extinguieron el CONEVAL y transfirieron al INEGI la medición de la pobreza y la evaluación de la política de desarrollo social. El INEGI anunció que su evaluación será integral y no se ocupará de programas individuales; según su presidenta, la evaluación de programas como la Pensión para Adultos Mayores o Jóvenes Construyendo el Futuro estará principalmente a cargo de la Subsecretaría de Egresos de Hacienda, dentro del ciclo presupuestario.

Para gobiernos estatales, municipios y organizaciones que operan programas propios, la consecuencia es práctica: la evidencia sobre si sus intervenciones funcionan dependerá, en buena medida, de lo que ellos mismos diseñen y encarguen. En Jalisco, el Programa Anual de Evaluación 2026 —con fundamento en el artículo 79 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental— define qué programas se evalúan cada año, y en el último año el gobierno estatal realizó 11 evaluaciones externas a fondos y políticas públicas.

Un resultado no es un impacto.

Un resultado es un cambio observado en la población que participa en un programa. Un impacto es la parte de ese cambio que no habría ocurrido sin el programa. Para estimarlo hace falta un contrafactual: una forma creíble de saber qué habría pasado con las mismas personas o territorios si la intervención no hubiera existido.

Los datos de pobreza muestran por qué la distinción importa. Entre 2022 y 2024, la población en pobreza multidimensional en México bajó de 36.3% a 29.6%. En Jalisco, el indicador pasó de 31.4% en 2020 a 21.8% en 2022 y a 18.63% en 2024.

Fuentes: INEGI, Pobreza multidimensional 2024 (comunicado 118/25), y MIDE Jalisco, indicador 1442, con base en INEGI. El guion indica que el dato no se incluye en esta tabla.

Son descensos importantes, pero ninguna de estas cifras dice cuánto aportó un programa en particular. En el mismo periodo cambiaron los ingresos laborales, los precios, las transferencias de distintos órdenes de gobierno y las condiciones de cada región. Atribuir la mejora a una sola intervención —o descartar su efecto— sin un diseño de comparación es, en el mejor de los casos, una suposición.

La lección que México enseñó al mundo.

México tiene uno de los ejemplos más citados de evaluación de impacto. Cuando se lanzó Progresa —después Oportunidades y Prospera—, su despliegue se organizó de forma que permitiera medir. De 506 localidades rurales elegibles, 320 se asignaron al azar para recibir el programa a partir de mayo de 1998 y 186 quedaron como grupo de comparación, que se incorporó aproximadamente 18 meses después, en noviembre de 1999.

Ese diseño no negó el programa a nadie de forma permanente: aprovechó que no era posible llegar a todas las localidades al mismo tiempo. Y permitió medir efectos durante décadas. Veinte años después, quienes estuvieron expuestos al programa desde la primera infancia alcanzaron en promedio 0.35 grados escolares más y tenían 18% más probabilidad de concluir la educación media superior. En la cohorte que estaba en edad escolar al inicio, el ingreso laboral anual fue 16% mayor, y 25% mayor entre las mujeres.

La lección para quien diseña un programa hoy no es que todo deba ser un experimento, sino que la forma de desplegar un programa determina si después se podrá saber si funcionó.

Qué cambia cuando el programa es territorial.

Muchos programas estatales y municipales se focalizan por zonas: colonias, localidades, AGEB o municipios con mayor marginación. Eso abre oportunidades de evaluación y también trae riesgos propios.

• Despliegue gradual. Si el programa no puede llegar a todas las zonas el primer año, definir el orden de entrada con un criterio verificable —o por sorteo entre zonas igualmente elegibles— crea un grupo de comparación natural, como en Progresa.
• Umbrales de elegibilidad. Cuando la entrada depende de un puntaje o índice, las zonas que quedan justo por encima y justo por debajo del corte suelen ser comparables. Es la base del diseño de regresión discontinua.
• Diferencias en diferencias. Con mediciones antes y después en zonas atendidas y no atendidas, se compara cuánto cambió cada grupo, no solo dónde terminó.
• Efectos de derrame. Un comedor, una clínica o un programa de seguridad puede beneficiar también a colonias vecinas. Si el grupo de comparación está demasiado cerca, el impacto se subestima.
• Heterogeneidad. Un promedio estatal puede ocultar que el programa funciona bien en zonas urbanas y poco en rurales, o al revés. Para decidir dónde invertir, esa diferencia importa más que el promedio.

Cuándo conviene una evaluación de impacto, y cuándo no.

La evaluación de impacto es exigente en datos, tiempo y presupuesto. Conviene cuando hay una decisión real en juego: ampliar un programa, replicarlo en otras regiones, elegir entre dos modalidades de apoyo o justificar su permanencia. Es menos útil cuando el programa es muy pequeño, cambia constantemente o todavía tiene problemas básicos de operación.

En esos casos, otras evaluaciones responden mejor la pregunta del momento: una evaluación de diseño revisa si la lógica del programa es coherente; una de procesos identifica dónde se atora la operación; una de resultados da seguimiento a los indicadores comprometidos. Un buen plan de evaluación combina estos tipos a lo largo de la vida del programa.

Antes de lanzar un programa: seis decisiones que hacen posible evaluarlo.

1. Definir la población objetivo con criterios verificables y documentar quién cumple y quién no, no solo quién recibe el apoyo.
2. Levantar una línea base en zonas y hogares atendidos y en posibles grupos de comparación, antes de empezar.
3. Planear el despliegue para que el orden de entrada sirva como comparación, cuando no se pueda cubrir todo a la vez.
4. Diseñar registros administrativos útiles: identificadores únicos, ubicación geográfica y fechas de entrega de cada apoyo.
5. Elegir pocos indicadores de resultado, vinculados a la teoría de cambio del programa y a su Matriz de Indicadores para Resultados.
6. Reservar presupuesto y calendario para evaluar desde el inicio, en lugar de encargarlo cuando el programa ya termina.

Con estas condiciones, la evaluación deja de ser un trámite de cierre y se convierte en una herramienta para decidir dónde, cómo y a quién dirigir los recursos.

Fuentes.

1. Bloomberg Línea (23 de enero de 2026). Inegi prepara evaluación de la política social del Gobierno de México hacia el tercer trimestre. Presupuesto 2026 de los 14 programas prioritarios y de la Pensión para Adultos Mayores.
2. El Financiero (8 de septiembre de 2026), con base en el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2027. Montos propuestos para 2027.
3. INEGI (13 de agosto de 2025). Comunicado de prensa 118/25, Pobreza multidimensional 2024. Cifras nacionales y transferencia de funciones del CONEVAL.
4. Excélsior (26 de junio de 2025). Senado avala extinción del CONEVAL; INEGI evaluará programas sociales y pobreza.
5. La Jornada (23 de enero de 2026). Inegi se prepara para primera evaluación de política social de México. Responsabilidad de la Subsecretaría de Egresos.
6. INEGI (2026). Modelo de Evaluación Integral de la Política de Desarrollo Social, proyecto en consulta pública.
7. MIDE Jalisco. Porcentaje de la población que vive en condición de pobreza, con base en INEGI.
8. Evalúa Jalisco. Programa Anual de Evaluación.
9. Publimetro (20 de mayo de 2026). Jalisco realizó 11 evaluaciones a programas y fondos públicos en un año.
10. Araujo, M. C. y Macours, K. (2021). Education, Income and Mobility: Experimental Impacts of Childhood Exposure to Progresa after 20 Years. BID.
11. Gertler, P. J. et al. (2017). La evaluación de impacto en la práctica, segunda edición. Banco Mundial y BID. Referencia metodológica sobre contrafactual, asignación aleatoria, regresión discontinua y diferencias en diferencias.

Consulta de fuentes: 26 de septiembre de 2026. Las cifras presupuestales de 2027 corresponden a un proyecto y pueden cambiar en su aprobación.